El compliance es una herramienta fundamental para gestionar riesgos legales y promover una cultura de cumplimiento normativo dentro de las empresas. Su objetivo es establecer mecanismos de vigilancia, control y prevención que permitan detectar posibles conductas delictivas antes de que comprometan la responsabilidad de la organización.
Contar con un programa de compliance eficaz no solo contribuye a reducir los riesgos legales y reputacionales. También puede permitir, si se cumplen los requisitos establecidos legalmente, eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
¿Qué es el compliance y para qué sirve?
El término compliance hace referencia al cumplimiento normativo empresarial, es decir, al conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de control que una organización establece para garantizar que su actividad se desarrolla conforme a la legislación aplicable, sus compromisos internos y los principios éticos que rigen su funcionamiento.
Su finalidad es identificar, prevenir, detectar y gestionar los riesgos derivados de posibles incumplimientos, contribuyendo a mejorar la transparencia y el buen gobierno corporativo.
El compliance empresarial abarca diferentes ámbitos, entre los que destacan:
- Compliance penal: prevención de delitos que pueden generar responsabilidad penal para la empresa.
- Protección de datos: cumplimiento de la normativa relativa al tratamiento de datos personales y la privacidad.
- Prevención del blanqueo de capitales: establecimiento de controles para identificar y evitar operaciones ilícitas, cuando resulte aplicable.
- Compliance tributario: prevención y gestión de riesgos relacionados con las obligaciones fiscales.
- Derecho de la competencia: prevención de acuerdos anticompetitivos y otras conductas contrarias a la normativa.
- Compliance laboral: cumplimiento de las obligaciones legales en las relaciones laborales y la prevención de riesgos laborales.
Dentro de estas disciplinas, el compliance penal tiene especial relevancia por las consecuencias que determinados delitos pueden generar para las organizaciones.
¿Qué es el compliance penal?
El compliance penal es un sistema de prevención y gestión de riesgos penales empresariales diseñado para evitar, detectar y responder ante posibles delitos cometidos en el seno de una organización.
Su regulación en España tiene como referencia la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la posterior reforma de 2015, que desarrolló las condiciones bajo las cuales una empresa puede quedar exenta de responsabilidad penal mediante modelos adecuados de organización y gestión.
En concreto, el artículo 31 bis del Código Penal establece los requisitos que deben cumplir estos modelos para poder producir efectos en materia de responsabilidad penal.
Un programa de compliance penal debe adaptarse a las características de cada empresa, su actividad, estructura organizativa y exposición a determinados riesgos.
Disponer de un código ético o un conjunto de procedimientos internos no es suficiente. El sistema debe estar implantado, funcionar eficazmente y contar con medidas reales de vigilancia, supervisión y control.
¿Cuál es la diferencia entre compliance y compliance penal?
Aunque ambos conceptos están relacionados, su alcance es diferente.
El compliance empresarial comprende la gestión del cumplimiento de todas las obligaciones legales y compromisos asumidos por la organización.
Por su parte, el compliance penal se centra específicamente en identificar y prevenir los delitos que pueden generar responsabilidad penal para la persona jurídica.
Por tanto, el compliance penal forma parte de una estrategia más amplia de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC).
¿Puede una empresa ser condenada penalmente en España?
Sí. En España, una persona jurídica puede ser condenada penalmente por determinados delitos cometidos por personas vinculadas a la organización, siempre que concurran los requisitos establecidos en el Código Penal.
Esta responsabilidad puede producirse principalmente en dos situaciones:
- Delitos cometidos por representantes legales, directivos o personas con facultades de decisión, organización y control, cuando actúen en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto.
- Delitos cometidos por trabajadores u otras personas sometidas a la autoridad de los anteriores, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa, cuando hayan podido cometerse debido a un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.
La responsabilidad penal no depende exclusivamente del tamaño de la compañía. Tanto grandes organizaciones como pequeñas y medianas empresas pueden verse afectadas.
No obstante, la regulación contempla particularidades y exclusiones para determinadas entidades.
¿Qué delitos pueden generar responsabilidad penal para una empresa?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se limita a los delitos para los que el Código Penal establece una previsión específica. Entre los principales riesgos penales para las empresas destacan:
- Delitos económicos: estafas, insolvencias punibles o blanqueo de capitales.
- Corrupción y tráfico de influencias: prácticas corruptas en el ámbito público o privado.
- Delitos fiscales y contra la Seguridad Social: fraude tributario y otros incumplimientos penalmente relevantes.
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial: uso o comercialización ilícita de contenidos y productos protegidos.
- Delitos contra la intimidad y revelación de secretos: acceso o divulgación ilícita de información confidencial.
- Delitos medioambientales: actividades que ocasionen daños al medio ambiente en los supuestos previstos legalmente.
- Delitos contra el mercado y los consumidores: determinadas prácticas comerciales ilícitas.
La exposición a estos riesgos varía según la actividad empresarial. Por ejemplo, una empresa tecnológica puede estar más expuesta a delitos relacionados con la información confidencial, mientras que una compañía industrial puede afrontar mayores riesgos medioambientales.
Por ello, el análisis de riesgos penales es fundamental para diseñar un programa de compliance eficaz y adaptado a cada organización.
¿Qué consecuencias tiene no contar con un programa de compliance penal?
La ausencia de un programa de compliance penal no constituye, por sí sola, un delito, pero puede aumentar los riesgos legales y dificultar la exención o atenuación de responsabilidad penal.
Según el artículo 33.7 del Código Penal, las empresas declaradas penalmente responsables pueden enfrentarse a distintas sanciones:
- Multas económicas: por cuotas o proporcionales.
- Disolución de la empresa: pérdida definitiva de su personalidad jurídica.
- Suspensión de actividades o clausura de establecimientos: hasta cinco años.
- Prohibición de determinadas actividades: temporal, hasta quince años, o definitiva.
- Inhabilitación: para obtener ayudas públicas, contratar con el sector público o acceder a beneficios fiscales y de la Seguridad Social, hasta quince años.
- Intervención judicial: hasta cinco años para proteger a trabajadores o acreedores.
Además, estas sanciones pueden provocar pérdidas económicas, daños reputacionales y pérdida de confianza de clientes y proveedores.
¿Un programa de compliance penal evita que una empresa sea condenada?
No necesariamente. Implantar un programa de compliance penal no garantiza automáticamente la exención de responsabilidad penal.
El artículo 31 bis del Código Penal exige que el modelo se haya implantado eficazmente antes de cometerse el delito, cuente con controles adecuados y esté sometido a una supervisión efectiva. Además, establece requisitos específicos según quién haya cometido el delito.
Por tanto, la empresa debe poder demostrar que el sistema funciona realmente y cumple las condiciones legales para obtener la exención.
¿Cómo implementar un sistema de compliance penal en una empresa?
La implantación de un programa de compliance penal debe adaptarse a los riesgos y características de cada organización. En hiberus, este proceso se estructura en cuatro fases:
- Diagnóstico y análisis de riesgos penales: Se analizan los procesos internos, la actividad empresarial y los controles existentes para identificar posibles riesgos penales. A partir de esta información, se elabora un mapa de riesgos penales que evalúa su probabilidad e impacto, permitiendo priorizar las medidas preventivas según las necesidades de la organización.
- Diseño del programa de compliance penal: Se establecen las políticas, procedimientos y controles necesarios para prevenir los riesgos identificados. Esto incluye códigos éticos, protocolos de actuación, mecanismos de supervisión, sistemas disciplinarios y canales de comunicación de irregularidades, adaptados a la actividad y dimensión de la empresa.
- Implantación del sistema y formación del personal: Se ponen en marcha las medidas diseñadas, comunicando las políticas internas y asignando responsabilidades. La formación y sensibilización de los trabajadores resulta fundamental para identificar riesgos, prevenir incumplimientos y garantizar la aplicación efectiva del sistema.
- Supervisión y revisión periódica: El programa debe someterse a un seguimiento continuo para comprobar su eficacia y adaptarse a cambios normativos u organizativos. Mediante revisiones, auditorías y acciones correctivas, se garantiza la mejora continua del sistema de prevención de riesgos penales.
¿Qué es el Compliance Officer y cuáles son sus funciones?
El Compliance Officer es el profesional encargado de supervisar el cumplimiento normativo y prevenir riesgos legales y penales en una organización.
Sus principales funciones incluyen identificar riesgos, supervisar controles, impulsar políticas preventivas, formar al personal y proponer mejoras.
El Código Penal establece requisitos de autonomía y supervisión, aunque en empresas de pequeñas dimensiones estas funciones pueden recaer en el órgano de administración.
También es posible recurrir a servicios externos de Corporate Compliance Officer as a Service, respetando los requisitos legales aplicables.
¿Qué normas regulan los sistemas de compliance penal?
Además del Código Penal, existen normas técnicas que sirven de referencia para implantar y supervisar sistemas de cumplimiento normativo. Entre las principales destacan:
- UNE 19601:2025: establece requisitos para implantar sistemas de compliance penal, identificar riesgos, aplicar controles y evaluar su eficacia. Su certificación no garantiza automáticamente la exención de responsabilidad penal.
- UNE-ISO 37301:2021: regula los sistemas de gestión del cumplimiento normativo desde una perspectiva general. Sustituye a la UNE-ISO 19600 y promueve la prevención de riesgos y la mejora continua.
- UNE-ISO 37001:2025: establece requisitos para prevenir, detectar y gestionar riesgos de soborno, reforzando los controles contra la corrupción.
Estas normas complementan la legislación vigente y ayudan a las empresas a mejorar sus sistemas de prevención, control y supervisión.
Compliance penal: una herramienta para proteger y fortalecer tu empresa
La prevención de riesgos penales es fundamental para una gestión empresarial responsable. Un sistema de compliance eficaz permite identificar riesgos, reforzar los controles internos y garantizar el cumplimiento normativo.
En hiberus desarrollamos soluciones adaptadas a cada organización, promoviendo una gestión más transparente y segura que aporta valor y refuerza la confianza de clientes y proveedores.
